Robo en un barrio privado de Tigre: el 80% de la culpa fue para la empresa de seguridad
La Cámara Civil confirmó la responsabilidad por un asalto de 2018 y repartió el 20% restante entre la desarrolladora y la administradora. Qué cambia para vecinos y consejos.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó en julio de 2026 la responsabilidad por un robo cometido en noviembre de 2018 en un barrio privado de Tigre y la repartió: 80% para la empresa de seguridad y 20% entre la desarrolladora y la administradora del complejo. El caso lo analizó Raúl Castro, asesor legal de la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL), en una columna que publicó novalaplata.com.
La sentencia se apoya en el deber de seguridad de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y entiende que el contrato con el vecino descansa sobre una promesa de protección. Para quien paga expensas en un barrio del partido de Tigre o de cualquier otro punto del GBA, ese criterio tiene consecuencias concretas.
Medios o resultados, la pregunta de fondo
La pregunta que abre el fallo, según Castro, es si un delito adentro de un barrio cerrado prueba por sí solo que la seguridad falló. Si se la toma como obligación de resultado, el robo alcanzaría casi para dar por probado el incumplimiento. Si es obligación de medios, hay que revisar si el dispositivo era razonable para el riesgo y si lo contratado se implementó de verdad.
CASEL defiende la segunda lectura. Una empresa puede obligarse a controlar accesos, hacer rondas, operar cámaras, atender alarmas y cumplir protocolos, y todo eso se puede medir. Lo que no puede prometer es que ninguna barrera vaya a ser vulnerada.
Eso no borra responsabilidades. Si faltaron controles, mantenimiento o personal, o si una alarma quedó sin atender, corresponde sancionar. La diferencia está entre castigar lo que se hizo mal y condenar solo porque el delito ocurrió.
La escala no es menor: un relevamiento privado citado en la nota cuenta 1.480 countries y barrios cerrados en nueve provincias, con 87 en Pilar y 53 en Tigre.
El 20% que apunta a administradores y desarrolladoras
El fallo también sostuvo que quienes administran el complejo y contratan la vigilancia con plata de las expensas tienen la obligación de verificar cómo se cumple el servicio y si funciona. Por eso una parte de la responsabilidad quedó en la desarrolladora y en la administradora.
Para consejos de propietarios y administraciones el mensaje es directo: contratar una empresa habilitada y pagar cada mes no cierra el tema. Hacen falta trazabilidad, auditorías, registro de fallas y evidencia de que los protocolos se cumplen. Delegar la vigilancia no exime a la administración de controlarla.
La jurisprudencia no es uniforme. En febrero de 2026, en Mendoza, la Justicia ordenó a una empresa de vigilancia pagar $27 millones a una familia asaltada en Guaymallén por fallas en la detección perimetral y en la respuesta. Ahí el barrio no fue condenado. Cada caso depende de los contratos y de la prueba.
Qué significa si estás mirando un lote
Decir que un barrio tiene seguridad puede significar dos vigiladores en un acceso o un sistema integrado con detección perimetral, cámaras con analítica, control electrónico de accesos, centro de monitoreo y auditorías periódicas. Se venden con la misma palabra, pero protegen de manera muy distinta.
Si ya sos vecino, el fallo te da un argumento para pedirle a la administración registros de fallas, informes de mantenimiento y auditorías del servicio que se paga con tus expensas. Esa supervisión, según la Cámara, es parte de la responsabilidad de quien administra.
- Pedí el contrato de seguridad y el detalle de los recursos humanos, tecnológicos, físicos y procedimentales comprometidos.
- Preguntá si hay un responsable directo del dispositivo y cómo se registran y atienden las fallas.
- Consultá si el barrio piensa certificar un nivel de protección bajo la Norma ALAS 1001:2026 AR, que define cinco niveles auditables.
CASEL agrega que está en elaboración el proyecto de Norma IRAM 4182 sobre seguridad electrónica en barrios cerrados. Una certificación no blinda contra reclamos, pero deja evidencia de qué se prometió y qué protección era razonable esperar. La síntesis de la cámara: "El riesgo cero no existe. La improvisación cero debería ser el nuevo estándar".
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